La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, acusándolo de crímenes de guerra, que incluyen la deportación ilegal de niños de Ucrania a Rusia.
Según la CPI, Putin «es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y de su traslado ilegal de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa».
Precisó que los crímenes se habrían cometido en territorio ocupado por Ucrania a partir del 24 de febrero del 2022.
Además de Putin, también es buscada por la CPI la comisionada rusa para los derechos del niño, Maria Alekseyevna Lvova-Belova.
Sin embargo, una portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que la orden de arresto «no tiene ningún significado».
«Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, incluso desde el punto de vista legal», aseguró la portavoz Maria Zakharova en su canal de Telegram.
Corte Penal no tiene poder en Rusia
A pesar de la orden de arresto contra Vladímir Putin y Alekseyevna Lvova-Belova, la Corte Penal Internacional no tiene poder para detener a los sospechosos.
Debido a que solo puede ejercer jurisdicción dentro de los países que firmaron el acuerdo que estableció la corte, el cual no fue firmado por Rusia.
Al respecto la portavoz Zakharova dijo que «Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo. Rusia no coopera con este organismo, y las posibles ‘recetas’ para el arresto provenientes de la Corte Internacional serán legalmente nulas y sin valor para nosotros».
