El juez federal argentino Sebastián Ramos presentó este miércoles una petición para que Nicolás Maduro sea extraditado desde Estados Unidos a Argentina, en el marco de un proceso judicial que se sigue en ese país sudamericano en el que se acusa al líder venezolano de cometer crímenes de lesa humanidad durante su mandato.
La causa que se tramita en Argentina se inició en 2023 a raíz de una denuncia del Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD) y se sustenta en el principio de jurisdicción universal, que permite a los tribunales argentinos investigar y procesar delitos graves contra los derechos humanos sin importar dónde ocurrieron o la nacionalidad de los implicados.
En la resolución a la que accedió la agencia de noticias EFE, el magistrado ordenó librar un «exhorto internacional a los Estados Unidos de América, a efectos de solicitar la extradición de Nicolás Maduro Moros, quien habría sido recientemente detenido en Venezuela y trasladado privado de libertad hacia los Estados Unidos de América».
Ramos, quien fundamentó el lunes su requerimiento en el tratado de extradición vigente entre Argentina y Estados Unidos, había ordenado en septiembre de 2024 la detención de Nicolás Maduro, así como la de Diosdado Cabello —ministro del Interior de Venezuela— y otros funcionarios de ese gobierno.
Tras esa orden, la Cámara Federal dispuso que el pedido de captura fuera comunicado a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) y concluyó que la dirigencia venezolana llevó a cabo “un plan sistemático, a lo largo del tiempo y de manera organizada” contra civiles mediante actos de «persecución, secuestro, tortura y asesinato».
Luego de que Estados Unidos capturara a Maduro el 3 de enero, el fiscal Carlos Stornelli solicitó al juez dos días más tarde que se iniciara el procedimiento de extradición activa contra Nicolás Maduro Moros para que pueda ser sometido al proceso argentino en curso.
En la resolución emitida este miércoles por el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, el juez Ramos ordenó la «traducción urgente» del exhorto y determinó que el pedido se tramite mediante la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, el organismo responsable de coordinar la diplomacia judicial.
